Justos y benéficos

Se ha admitido a trámite una proposición de ley para crear un Código de Buen Gobierno en Navarra. Que suena de fábula, sí, pero... ¿tiene alguna utilidad? ¿Tiene algún contenido? ¿Dice algo nuevo, o algo que no dijeran otras leyes? Miguel Izu se va tan atrás en el tiempo como hasta la Constitución de Cádiz, la Pepa, para hablar de esta proposición de ley. Y sí, responde a la pregunta de si tiene algún sentido.

Por MIGUEL IZU
Tirando de Derecho

Los que alguna vez nos hemos dedicado a la docencia del Derecho hemos tenido que explicar la diferencia entre normas y actos jurídicos. Las primeras son las que se incorporan al ordenamiento jurídico, innovándolo; establecen mandatos obligatorios -que pueden ser exigidos coactivamente por el poder público- para una generalidad de personas y para un futuro más o menos indefinido. Por el contrario, los actos jurídicos se refieren a un caso concreto, aplican las normas pero no modifican el ordenamiento y agotan sus efectos jurídicos –generación de derechos y obligaciones- con su aplicación.

Luego vienen los legisladores y nos desautorizan ante nuestros alumnos aprobando leyes –en buena teoría, normas jurídicas- que carecen de mandatos aplicables o que no modifican lo más mínimo el ordenamiento, limitándose a hacer declaraciones altisonantes, a plasmar buenas intenciones o a repetir principios generales que ya figuraban en otras normas. Ejemplo clásico es el artículo 6 de la Constitución de Cádiz que proclamaba entre las principales obligaciones de los españoles, además del amor a la patria, la de ser justos y benéficos. Tampoco quedaba a la zaga la solemne afirmación del artículo 1 de la Cartilla de la Guardia Civil de 1845 (reproducida en 1941 en el Reglamento de la Policía de Carreteras, antecedente de la Policía Foral): “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”.

El Parlamento de Navarra está tramitando una de esas leyes que de tales tienen sólo el nombre y la forma porque carece del menor contenido normativo. Me refiero a la que será, si Dios no lo remedia, la Ley Foral por la que se establece un Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral y de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquélla y representantes de las entidades locales de Navarra (sí, tome aire, el nombre es así de corto). Una proposición de ley foral presentada por el PSN-PSOE que los demás grupos parlamentarios no se han atrevido a enviar a la cesta del papel reciclable, donde al menos hubiera tenido una utilidad.

Decir mucho, ¿decir algo?
Lo que la Constitución de 1812 decía en uno, esta proposición lo dice en varios artículos. Que los políticos deben actuar conforme a la Constitución y las leyes (menos mal) y a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres. Después de dos siglos ya tenemos una idea más definida de en qué consiste ser justos y benéficos, al menos en cuanto a los gobernantes.

Después de desarrollar ampliamente los deberes de los cargos públicos, para lo cual se repite lo que ya está dicho en muchas otras leyes, finaliza con los efectos jurídicos que tendrán los incumplimientos. ¡Tachán! Anualmente el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior elevará al Gobierno un informe “sobre los eventuales incumplimientos de los principios éticos y de conducta con el fin de analizar los procedimientos y actuaciones que pueden posibilitar su trasgresión” y proponer las medidas oportunas. En el caso de las entidades locales, ese incómodo papel de chivato lo hará el secretario para que el Gobierno pueda hacer las recomendaciones que procedan.

En otras palabras, que los propios políticos harán una vez al año autoevaluación de si son lo suficientemente justos y benéficos y de si conservan todo su honor sin mancha. Podemos confiar plenamente en un resultado óptimo. Cuando en el colegio algún profesor ingenuamente nos hacía corregir nuestros exámenes a nosotros mismos, el nivel de las notas subía un montón. Había algún profesor menos ingenuo que nos hacía cambiar los exámenes de modo que cada uno calificaba el de su compañero de pupitre. Los resultados eran igualmente satisfactorios, en todo caso mucho mejores que cuando la corrección y asignación de puntuaciones la realizaban los profesores.

Esta brillante iniciativa está calcada del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (BOE nº 56, de 7 de marzo de 2005), que prevé también que anualmente el Consejo de Ministros conocerá un informe elevado por el Ministro de Administraciones Públicas al respecto. Sin duda a esos informes se debe la espectacular mejora que ha experimentado el funcionamiento de la Administración estatal en estos años y la altísima valoración que los ciudadanos hacen de los políticos en los barómetros del CIS. No puedo hacer una valoración pormenorizado sobre el contenido de los informes ya que no hay manera de conocerlos y pese a que el Congreso de los Diputados viene solicitando su remisión de momento no se han hecho públicos. Quizás en esos informes se diga algo sobre esta violación del principio de transparencia, pero como la falta de transparencia ocasiona que no conozcamos los informes que podrían señalar medidas para remediarla no tenemos manera de saber cómo está el asunto.

En suma, aunque esta ley foral no va a imponer nuevas obligaciones que no tuvieran ya los gobernantes ni va a establecer otros controles distintos de los que ya existían, suena muy bien. Buen gobierno. Ojalá.