Entrevista: Cruz Verde, Farmacia Libre

Por LA TXISTORRA DIGITAL

Colegueo de Facebook

Echar un vistazo a algunos perfiles de Facebook permite conocer peleas interesantes. Es lo que nos ocurrió con CruzVerde Farmacialibre, el perfil de un representante de PLAFARMA ( plataforma por la libre apertura de farmacias en España), asociación que a día de hoy, abandera la lucha contra las restricciones al acceso a la profesión farmacéutica. Pelean para que sea más flexible conseguir ser farmacéutico de oficina; es decir, para que en el resto de CC.AA. se instaure un modelo parecido (mejorado, eso sí) al que ya tiene Navarra. Una reivindicación sustentada: existe una normativa comunitaria en materia de acceso a la profesión farmacéutica (artículo 43 de Tratado de la Unión). PLAFARMA ya ha pedido a las autoridades europeas que conminen a España a cumplirla.

- No es sencillo abrir una farmacia, no puede abrirse de cualquier manera. En terminos legales, hablan ustedes de "acceso a la profesión de farmacéutico de oficina". Y esto es algo que proviene del Franquismo...
- Hasta el 24 de Enero de 1941, el acceso a la profesión fue total y absolutamente libre. Ese día, el Gobierno del General Franco, publica un Decreto que limita las farmacias y desde entonces, está así. En la exposición de motivos del Decreto puede encontrar usted las razones de la restricción, a saber, la “constante petición del colectivo de farmacéuticos (sic)”.

- Termina el Franquismo, llega la Transición, otros sectores se liberalizan... y el suyo no. ¿Por qué ningún Gobierno ha vuelto al sistema previo a 1941?
- Todos los Gobiernos han dicho que mantienen el sistema por motivos de protección de la salud pública, pero eso es falso de toda falsedad. Y lo es por dos razones. La primera es, como decía más arriba, que no fue el afán de proteger la salud pública, lo que impulsó al Gobierno de Franco a establecer las restricciones. Y la segunda es que Navarra ha implementado un sistema mucho más flexible, sin que se haya resentido ningún parámetro en términos de salud pública.

- Si consideran que la razón oficial no es cierta, ¿por qué se mantiene, en su opinión, el sistema?
- La verdadera razón por la que los Gobiernos mantienen el sistema no es unívoca, sino poliédrica. De un lado, el actual sistema permite a los Gobiernos presionar a los farmacéuticos ejercientes para que acepten sucesivos recortes en los márgenes, amenazando con liberalizar el sector. De otro lado, muchos políticos de todos los niveles tienen intereses personales, familiares o conyugales. Finalmente, los Colegios de Farmacéuticos (que aunque teóricamente representan tanto a dueños de farmacias como a empleados, en realidad sólo procuran favorecer el interés de los propietarios) no dejan de presionar para que se perpetúe su oligopolio, impidiendo así que sus iguales puedan entrar en el mercado a competir con ellos.

Poner un mínimo, no un tope
- Ustedes aspirarían, entonces, a un modelo liberalizado como el navarro.

- Con matices: en Navarra no existe un sistema de establecimiento libre, sino un sistema planificado y regulado. Aclarado eso, es cierto que la intervención administrativa, en planificación y regulación, ha tenido como punto de partida y de llegada la satisfacción del interés general. En consecuencia, ha regulado y planificado garantizando tanto la presencia farmacéutica homogénea en todo el territorio como las mayores cotas de libertad posibles. Dicho coloquialmente: en el resto de España, los diferentes legisladores autonómicos establecen las farmacias que son necesarias, y a partir de ahí impiden que se abran más; en Navarra, en cambio, el legislador estableció las farmacias que eran necesarias y, garantizado su servicio, permitió que se abrieran cuantas más mejor, teniendo como único criterio, el del orden de las solicitudes en el tiempo. El resultado es evidente. En Navarra, hoy por hoy, hay el doble de farmacias por habitante que en el resto de España.

- Uno de los argumentos de los Colegios de Farmacéuticos es que abrir el sistema haría que entraran en el sector las multinacionales y los grandes laboratorios.
- Dicen eso porque no pueden decir la verdad: que no quieren que quienes hoy son sus empleados tengan la posibilidad de ser sus competidores. No lo dicen sólo los Colegios, también algunos políticos relevantes. Y, sin embargo, mire usted a Navarra y dígame… ¿Ve muchas multinacionales titulares de farmacias? En Navarra no hay una sola farmacia que no sea propiedad de un farmacéutico.

- Ustedes se han dirigido a las autoridades europeas. ¿Se ha movido la Comisión en este tema?
- La Comisaría de Mercado Interior y Servicios (CMIS) ha recibido centenares de quejas de farmacéuticos españoles sin farmacia. Y ha sido la propia CMIS la que ha amonestado a España por sus injustificadas restricciones al acceso a la profesión, proponiendo al Gobierno español el istema de mínimos navarro omo sistema de planificación admisible conforme a los postulados del Tratado de la Unión.

- O sea, que el sistema navarro se llama "de mínimos"...

- Pero no en el sentido que podría sugerir. Se llama así porque garantiza las farmacias que como mínimo son necesarias y a partir de ahí, establece la libertad de apertura para licenciados y/o doctores de Farmacia. La Comisaría europea ha constatado que el sistema navarro es puro sentido común, porque garantiza tanto el derecho a la sanidad del paciente como el derecho de libertad de establecimiento del profesional. La Comisión lo ha visto y, en consecuencia, ha amonestado a España por mantener un sistema que no es ni adecuado, ni proporciona, ni coherente no consistente. No es adecuado al fin que dice pretender; no es proporcional porque las restricciones son excesivas; no es coherente porque, mientras restringe el acceso, permite la compraventa de licencias…

El papel de la Unión Europea
- La Comisión ya ha hablado, ha amonestado a España... ¿qué actitud ha tomado el Gobierno de Rodríguez Zapatero?
- Esta amonestación fue en 2006, y la comisión remitió su Dictamen Motivado tanto a España como a otros países. Es el caso de Portugal, que entonces retocó su legislación en sentido aperturista, aunque fuera más o menos tímidamente y sin sin remover las restricciones principales. El Gobierno español, en cambio, no hizo sino argumentar frente a la Comisión los absurdos e infumables argumentos “copiados y pegados” del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). Sin embargo, cuando las Cortes Generales han desarrollado para España la Directiva Bolkestein, conocida coloquialmente como la Directiva de Servicios, y pese a que esa directiva dejaba fuera de su ámbito de aplicación el sector minorista del medicamento, la actitud ha cambiado.

- ¿En qué sentido?

- A través de las no menos conocidas Leyes “Paraguas” y “Ómnibus”, el legislador nacional ha dispuesto con carácter básico una modificación del artículo 25 de la Ley General de Sanidad. En virtud a esa modificación, habrá de adoptarse el sistema de planificación farmacéutica menos restrictivo posible por parte de las diferentes CC.AA. Y no sólo eso. La misma Ley de adaptación de la norma comunitaria dispone que, si el Estado Español es sancionado por las Autoridades Comunitarias por infracción de su normativa en alguna de las materias transferidas a las CC.AA., como es el caso de la sanitaria, será la autonomía infractora la que pagará la sanción, vía descuento en su asignación presupuestaria estatal.

- En principio, es un avance. Pero, en su opinión, ¿es suficiente avance?
- Sí, si el Gobierno debe vela porque las comunidades autónomas acaten el mandato legislativo. Sin embargo, Lamentablemente, comunidades como Andalucía siguen convocando concursos de farmacias al amparo de un sistema más restrictivo que el que establece el artículo 25 de la Ley General de Sanidad. Y eso es manifiestamente ilegal, a tenor no ya sólo del Derecho Comunitario sino de la propia Ley General de Sanidad española. Pero no sólo eso. Insisto en que, en un principio, el Gobierno no aceptó las pretensiones de la Comisaría de Mercado Interior.

- Decía que, entonces, el Ejecutivo se limitó a repetir los argumentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos...

- Lo hacía en vez de aceptar las pretensiones de la Comisaría, que es lo que debería haber hecho. Y por dos motivos. El principal es que, a estas alturas de construcción europea, nadie duda, ni siquiera quienes más fervorosamente las defienden, que las restricciones injustificadas no son admisibles jurídicamente hablando. Pero, además, porque es de pura justicia social restituir un derecho que fue injustificadamente usurpado: el Derecho al Libre Ejercicio profesional, el Derecho a la libre elección de profesión u oficio.

- También las instituciones judiciales europeas han entrado en el asunto. Hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha llegado un caso desde Asturias. ¿Cómo lo podríamos explicar a nuestros lectores?
- En síntesis, dos farmacéuticos asturianos no propietarios de farmacia recurrieron el concurso de nuevas farmacias del Principado de Asturias, por considerarlo incompatible con el Tratado de la Unión. El Tribunal Superior de Asturias consideró que existían indicios de ilegalidad en el concurso y decidió llevarlo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es una buena noticia porque, en el fondo, no se cuestiona el concurso asturiano en concreto, sino el sistema a partir del cual se sacó el concurso, que es ese sistema de planificación de máximos vigente en toda España, excepto en Navarra. Hasta ahora, oídas las partes, se ha pronunciado el Abogado General de la causa, que es el equivalente al Fiscal de nuestro Derecho nacional. Y el Abogado General ha suscrito los argumentos de los farmacéuticos recurrentes, pulverizando hasta con sorna y con burla las argumentaciones del gobierno asturiano, que son, básicamente, similares a las que defienden los farmacéuticos propietarios.

Los derechos de los usuarios

- Una pregunta que no es baladí: ¿qué piensan sobre la liberalización farmacéutica las asociaciones de consumidores y usuarios?

- En este tema hay que ser muy sensible. Sabe usted que, entre estas asociaciones, algunas tienen presupuestos que se nutren sobre todo de aportaciones más o menos directas de las Administraciones públicas, mientras que otras se sustentan con las cuotas de sus socios. Bien, puedo decirle que estas últimas están total y absolutamente a favor de las tesis que proclaman la flexibilización del sistema. Es el caso de la OCU, la asociación Irache de Navarra o CAVE, de Castilla-La Mancha, entre otras. Si me lo permiten, resumiré la cuestión con una fase de Pedro Capilla, ex-presidente de los farmacéuticos propietarios de farmacias, ante sus compañeros valencianos. La cita puede verse en “Cuadernos de Farmacia, nº 51”, órgano oficial de difusión del todopoderoso Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Y dijo: “Nunca pretendáis hacer de la liberalización un asunto de trascendencia pública, pues nunca podréis convencer a la población de que un aumento del número de farmacias es perjudicial para la sociedad”.

- Para la sociedad no, pero quizá para la economía sanitaria sí. Porque otro argumento repetido es que, a más farmacias, más gasto en medicamentos. ¿Es eso cierto?
- Eso lo dicen los farmacéuticos propietarios de farmacias, y es tan cierto como el resto de sus afirmaciones en relación con todo lo que suponga aumentar el número de farmacias. Vuelvo al dato navarro, el de una comunidad que, como he dicho, tiene el doble de farmacias por habitante que la media española. Y Navarra suele ser de las CC.AA. de menos gasto per cápita según los datos anuales del Ministerio de Sanidad. El número de farmacias no tiene relación directa ni indirecta con el gasto en medicamentos. La única relación que tiene el número de farmacias, es con las ganancias de los farmacéuticos propietarios: a más farmacias, más profesionales a repartir y a menos se toca. El resto son puras patrañas interesadas.

- Esperamos que conocer el sistema farmacéutico que funciona en el resto de Comunidades Autónomas haya sido de interés para nuestros lectores, así que... gracias.
- Los agradecidos somos nosotros. En nombre propio, y en nombre de la sociedad en general que se vería favorecida en caso de que en España se adoptara un sistema similar al navarro, de igual forma en que se ha visto favorecida la sociedad navarra en particular.